La
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) dirigió en la fecha una
comunicación al Ministerio del Ambiente solicitando su intervención a fin de
garantizar la implementación de la Ley N° 29811 - Ley que establece
la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al
territorio nacional por un período de 10 años.
Como se sabe, en virtud de dicha ley y su reglamento
aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2012-MINAM, se creó una nutrida Comisión
Multisectorial de Asesoramiento integrada por 17 representantes
de los ministerios del Ambiente, Agricultura, Relaciones Exteriores, Comercio
Exterior y Turismo y Producción así como también de la Presidencia del Consejo
de Ministros, CONCYTEC, OEFA, INDECOPI, gobiernos regionales, gobiernos
locales, Asamblea Nacional de Rectores, CONVEAGRO, CONFIEP y organizaciones no
gubernamentales.
La
finalidad de la mencionada comisión –que integra ASPEC- es el desarrollo de las
capacidades e instrumentos que permitan una adecuada gestión de la
biotecnología moderna, la bioseguridad y la bioética a fin de proteger al Perú
de una eventual contaminación transgénica que perjudicaría no sólo a los
agricultores sino, en especial, a los consumidores..
“La
Secretaría Técnica de la Comisión es ejercida por el CONCYTEC que, en todas las
sesiones, demuestra un claro sesgo a favor de personas vinculadas a intereses
empresariales pro transgénicos a quienes, irregularmente, se permite participar
-con derecho a voz y voto- pese a no haber sido formalmente designados como
tales por parte de la Asamblea Nacional de Rectores”, denunció hoy la Dra.
Flora Luna, representante de ASPEC, en el programa radial “La Voz del
Consumidor”.
En
opinión de la experta, este proceder desnaturaliza el espíritu de la Ley N°
29811 y
por ello ASPEC ha cursado una carta al Ministerio del Ambiente que preside la
Comisión pidiéndole que adopte las medidas necesarias para corregir de
inmediato tan anómala situación.
“En
el 2011, el Congreso de la República dictó la Ley N° 29811 en atención al
clamor ciudadano que, a nivel nacional, solicitó la moratoria para proteger
nuestra biodiversidad y evitar la contaminación transgénica, como ha sucedido
en otros países. Sin embargo, han pasado seis meses y no se ha avanzado lo que
se debía debido al modo cuestionable en que viene funcionando la Comisión. Por
ello, si no se hace algo de inmediato, corremos el riesgo de que la voluntad
ciudadana sea burlada”, finalizó la especialista.
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