Perú adoptó el
proyecto Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para
reforzar la seguridad alimentaria familiar, informó hoy la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
De esta forma,
el Perú se convierte en el primer país de América Latina en hacerlo.
El viceministro
de Agricultura, Juan Rheineck, encabezó la presentación del proyecto en Perú y
sostuvo que el conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los
medios de subsistencia de los pequeños agricultores y su seguridad alimentaria
es cada vez más necesaria.
“El Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri) es consciente de la vulnerabilidad de la
población rural y los peligros a los que se enfrenta", manifestó.
Agregó que para
nadie es extraño saber que las variaciones climáticas afectan directamente a la
población rural, más aún a aquella población de escasos recursos, cuya
capacidad de respuesta o resiliencia a sus impactos se ve limitada por
factores, físicos, económicos o sociales, expresó.
Indicó que la
elaboración del Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del
Sector Agrario (Plangracc-A), aprobado mediante resolución ministerial contó
con el apoyo técnico de la FAO, el asesoramiento del Grupo de Trabajo Técnico
de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Minagri y la participación de
los gobiernos regionales y locales.
Dijo que ha sido
uno de los primeros logros ya que ha permitido tener un diagnóstico a nivel nacional
de la vulnerabilidad de la población rural dedicada a la actividad agraria y
los principales peligros a los cuales están expuestos, así como su capacidad de
respuesta y fortaleza.
Por su parte, el
oficial técnico de FAO Roma, Karfakis Panagiotis, sostuvo que a raíz de las
consecuencias del cambio climático las poblaciones campesinas que viven en las
zonas tropicales (baja latitud) experimentarán un deterioro en su rendimiento
agrícola e ingresos.
Como
consecuencia, la incidencia, profundidad y persistencia de la pobreza y la
inseguridad alimentaria se incrementarán, generándose pérdidas en el
rendimiento de su producción, las cuales pueden significar pérdidas entre 0.5 y
hasta 23.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Panagiotis
agradeció al gobierno y Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de
Japón, el cual financia la ejecución del proyecto en Filipinas y Perú con cerca
de 2.5 millones de dólares por un período de tres años, así como al gobierno de
Perú y, en especial al Minagri con el que trabajan para la ejecución del
proyecto.
El consejero de
la Embajada de Japón en Perú, Daisuke Nakano, manifestó su satisfacción por la
adhesión de Perú en el proyecto Amicaf y resaltó la preocupación de Japón por
la seguridad alimentaria del mundo y de Perú.
El proyecto
Amicaf se implementa a través de la FAO gracias a un fondo especial del
gobierno de Japón que tiene por objetivo apoyar a los países en desarrollo a
abordar la evaluación y adaptación al cambio climático y, de esta manera,
contribuir a mejorar la seguridad alimentaria.
Su marco
conceptual concilia la evaluación de los impactos del cambio climático, el
análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y los enfoques de
adaptación de los medios de subsistencia. Fue implementado por primera vez en
Filipinas con resultados positivos.
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